Legislación española

La actividad es legal

Conviene empezar por lo que más se pregunta: cobrar por leer el tarot en España no está prohibido. No es una actividad ilícita, no hace falta ningún título, no existe un colegio profesional que dé permiso ni un registro de tarotistas al que apuntarse.

Es una prestación de servicios como otras muchas: quien la ejerce por su cuenta se da de alta, factura y declara, igual que un profesor de guitarra. Esa parte está resuelta y va en su propia lección: el epígrafe de actividad.

Lo que sí está regulado es otra cosa, y toda la lección cuelga de aquí. La ley no entra en lo que dicen las cartas. Entra en cómo se anuncia el servicio y cómo se trata a quien lo contrata. No hay ninguna norma sobre cómo se interpreta La Torre, ni la va a haber. Hay normas sobre qué se puede prometer en un anuncio, qué se hace con los datos de una persona y qué tiene que saber esa persona antes de pagar.

Dicho de otro modo: lo regulado no es tu oficio, es tu negocio. Y como negocio no tiene nada de especial.

De aquí salen tres lecciones

Este nivel reparte lo concreto en tres. Esta lección es el mapa.

El epígrafe de actividad es el trámite: cómo se da uno de alta, bajo qué actividad y qué obligaciones periódicas trae detrás.

Publicidad de servicios de videncia es la más delicada de las tres: qué se puede decir en un anuncio y qué no, y por qué el problema casi nunca es el tarot sino el verbo.

Protección de datos del consultante va de lo que se queda escrito: la lista de correo, el cuaderno de consultas, los mensajes, las grabaciones. Una consulta produce datos personales de los sensibles sin que nadie lo haya buscado.

Donde de verdad se mete la pata

Tres cosas concentran casi todos los problemas reales, y ninguna tiene que ver con echar las cartas.

Prometer resultados

Es la más frecuente con diferencia. Un anuncio que dice «recupera a tu pareja», «resultados garantizados» o «soluciono tu problema en tres días» ya no describe un servicio: promete un resultado concreto a cambio de dinero.

La publicidad tiene su marco general en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, que remite en lo engañoso a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Y ahí, en su artículo 23, hay dos supuestos que aparecen en anuncios de videncia con una frecuencia que sorprende: se reputa desleal por engañoso «proclamar, falsamente, que un bien o servicio puede curar enfermedades, disfunciones o malformaciones» y «alegar que los bienes o servicios pueden facilitar la obtención de premios en juegos de azar».

Curar y acertar la lotería, escritos con esas palabras y sin necesidad de ninguna ley del tarot.

Y la línea cae en un sitio concreto. Decir que lees el tarot describe un servicio. Decir que con esa lectura vuelve alguien, se cura algo o se gana un premio afirma un hecho comprobable que no se va a cumplir. La diferencia no está en las cartas, está en el verbo.

Los datos del consultante

Una consulta produce, sin proponérselo nadie, información muy personal: una enfermedad, una separación, una denuncia, una creencia. Si eso se guarda (una ficha, un cuaderno, un histórico de mensajes, una lista de correo), se están tratando datos personales, y parte de ellos son de los que el reglamento europeo protege con un régimen especial.

El marco son dos normas: el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Quien lo supervisa en España es la Agencia Española de Protección de Datos, que publica guías gratuitas.

La regla práctica cabe en una frase: guarda lo mínimo, donde nadie más entre, y no lo uses para nada que la persona no supiera cuando te lo contó. Mandar una promoción a la lista de quien pasó por consulta es el caso que sale mal.

Información previa y los catorce días

La tercera área es la de consumo, y es la que más se olvida.

El precio va antes, completo y visible. Cuánto cuesta, qué incluye, cuánto dura y cómo se paga se dice antes de contratar, no al terminar. Es una obligación de información previa, y además evita la mitad de los conflictos.

Y si se contrata a distancia, hay derecho de desistimiento. Por internet, por teléfono o por mensajes, quien contrata como consumidor tiene catorce días naturales para desistir sin dar motivo. Está en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre), artículo 102.

Ese mismo texto recoge la excepción que aquí importa: los servicios ya ejecutados por completo quedan fuera, pero solo si la ejecución empezó con el consentimiento expreso previo de la persona y sabiendo esta que, una vez prestado el servicio entero, pierde el derecho a desistir (artículo 103). O sea que no basta con haber hecho la lectura: hay que haberlo advertido antes y haberlo recogido.

Oficio y ley se solapan, y no son lo mismo

Este es el punto que ata este nivel con el Nivel 3, y el que más se confunde. Los límites de oficio y las obligaciones legales caen muchas veces sobre el mismo asunto, y ni son la misma cosa ni tienen la misma consecuencia. Cuatro casos donde se ve:

La columna de la izquierda la sostienes tú, y saltártela lo paga la persona que tienes delante. La de la derecha la sostiene alguien más, y saltársela tiene un procedimiento detrás. La Justicia vale para las dos columnas, y no por los tribunales: por la balanza.

Por eso Qué no se lee sigue siendo la lección importante: quien cumple sus límites de oficio cumple casi todos los legales sin proponérselo. El caso raro es el de quien lee con cuidado y luego escribe cualquier cosa en su escaparate, redactado otro día y con otra cabeza.

Esto es orientación, no asesoramiento jurídico

Esta lección es un mapa para saber qué preguntar, no un dictamen. No es asesoramiento jurídico, no cubre tu caso y no sustituye a un abogado. Para una situación real (una reclamación, una inspección, un contrato, una duda sobre tu alta) se consulta a un profesional, que es justo lo que decimos nosotros cuando alguien trae una pregunta legal a una lectura.

Y las normas cambian. El texto refundido de consumidores acumula decenas de modificaciones, la normativa de datos se reinterpreta con cada guía y cada resolución, y cada comunidad autónoma tiene además su propia ley de consumo. Lo que leas aquí puede haber quedado atrás.

Dónde se comprueba, que es lo útil: los textos vigentes están en el BOE, actualizados y gratis; lo de datos, en la Agencia Española de Protección de Datos; lo de consumo, en el organismo de tu comunidad autónoma; y lo del alta, en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social. Si algo de esto te afecta de verdad, ve a la fuente y no a esta página.

Lo que hay que llevarse

• Cobrar por leer el tarot es legal en España. No hay título, ni colegio, ni registro, ni permiso que pedir.
• Lo regulado no es la lectura, es el negocio: cómo se anuncia, qué datos se guardan y qué sabe el cliente antes de pagar.
• Las tres áreas donde se falla de verdad son prometer resultados, tratar datos sin cuidado y no informar antes de cobrar, y ninguna se arregla leyendo mejor.
• Los límites de oficio y los legales se solapan pero no son lo mismo: decir que no lees salud es oficio, prometer una curación en un anuncio es otra cosa.

Seguimos por el trámite: el epígrafe de actividad.